martes, 4 de julio de 2017

"No somos una lacra"

A fectados por el reciente desalojo de 47 viviendas ocupadas en el edificio El Barco, en el barrio granadillero de San Isidro, han puesto en marcha la Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara, cuyos objetivos son dignificar a las personas que "se ven obligadas a ocupar pisos de bancos u organismos oficiales", mediar en la defensa de sus derechos básicos y evitar que se les estigmatice y discrimine. Israel Ojel, uno de los promotores de este colectivo sureño, subraya: "Las familias que ocupamos un piso por necesidad no somos una lacra para esta sociedad".
Ojel forma parte del colectivo de "unas 600 personas, entre los que hay unos 200 menores", que, según estima este colectivo, reside en la actualidad en pisos ocupados en Granadilla de Abona "que no pertenecen a otros ciudadanos, sino a entidades bancarias y otros organismos que los mantienen cerrados y abandonados mientras la gente no tiene un lugar donde vivir".
Este colectivo rechaza que los "okupas" destrocen las propiedades: "En el caso de El Barco, por ejemplo, habían robado muchos materiales y las familias que entraron en los pisos los fueron arreglando para hacerlos habitables".
Ojel considera que "cuando vieron que los pisos estaban bien, llegó el desalojo" de medio centenar de personas.
"Queremos llegar a acuerdos con las entidades propietarias para que se dignifique a estas familias y se les permita pagar un alquiler social y contar con servicios mínimos como agua corriente y electricidad", afirma Israel Ojel.
"La inmensa mayoría de nosotros quiere, en la medida de sus posibilidades, pagar un alquiler social, el agua, la luz... pero por ahora no parece posible. No se nos da una oportunidad para regularizar la situación", lamenta.
Se quejan de que los "okupas" están "en tierra de nadie", en una especie de limbo que, en muchos casos, no les permite empadronarse para poder acceder a los servicios sociales municipales.
"Al no permitirnos empadronarnos, oficialmente no existimos. No podemos pedir una ayuda a los servicios sociales y nuestros hijos, aunque estén escolarizados, no pueden acceder a una beca", sostiene Ojel.
La Plataforma por el Derecho a una Vivienda Digna Montaña Clara alerta de que hijos de familias que ocupan pisos "sufren discriminación e incluso acoso escolar" en algunos centros.
"Hay niños que sufren a diario insultos y un trato despectivo. Se les trata como a ladrones simplemente porque su familia está en una situación de exclusión social por no tener acceso a una vivienda", lamenta este colectivo.
"Estamos realizando gestiones para que nos dejen acudir a los colegios de la zona para explicar a los niños que no somos una lacra -explica Ojel-, que nuestras familias no son un peligro para esta sociedad".
Esta plataforma recuerda que San Isidro es un barrio multicultural, por lo que el problema de la falta de vivienda y de la ocupación no entiende de orígenes ni nacionalidades: "Afecta tanto a canarios y españoles como a cubanos, colombianos o marroquíes".
"Llevamos más de tres años luchando para que se nos permita tener acceso a la red pública de agua -indica este portavoz-, pero no lo logramos".
Respecto al desalojo de las 47 viviendas de El Barco, Ojel señala que "fue algo tan precipitado que muchas familias tuvieron que dejar parte de sus escasas pertenencias dentro". Otras familias sacaron a toda prisa sus cosas a la calle, sin saber muy bien qué hacer con ellas luego.