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| Jaime Cortezo, promotor de Hoya Pozuelo Foto: Alejandro Ramos ALEJANDRO RAMOS |
Tres vecinos denuncian
que el alto tribunal les ha privado del derecho de recusar al magistrado al no
haberles comunicado los cambios en la composición de la Sala y el ponente
designado para estudiar su recurso. Los recurrentes afirman que el ponente del auto que inadmite el recurso, el canario Manuel Marchena, y el promotor inmobiliario procesado, Jaime Cortezo, "mantienen una relación personal que se remonta a la infancia". Los vecinos que denunciaron una presunta estafa en la venta de los dúplex afectados por una orden de derribo en la urbanización de Hoya Pozuelo, ubicada en el municipio grancanario de Telde, apuran en el Tribunal Supremo su última bala por la vía penal mientras aguardan la resolución de los pleitos civiles que mantienen abiertos. El alto tribunal español rechazó en noviembre el recurso de casación interpuesto por 17 afectados contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que en marzo absolvió a los procesados, el promotor de la empresa, Jaime Cortezo, y la gerente, Juana Rosa Fuentes. Ahora, tres recurrentes han presentado un incidente de nulidad contra esta resolución judicial al considerar vulnerados sus derechos fundamentales en el proceso y cuestionar la neutralidad del ponente de la misma, el magistrado canario Manuel Marchena.
