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A pesar de los anuncios oficiales que apuntaban a centenares de Viviendas de Protección Oficial (VPO) sorteadas, adjudicadas o entregadas, según el caso, el Gobierno de Canarias encabezado por Paulino Rivero terminó la legislatura pasada sin entregar una sola vivienda protegida en Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de la ciudad canaria con mayor volumen de demandantes de VPO, con 7.610 personas inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida.
Sin embargo, pese a la demanda registrada, 32.615 personas en todas las islas hasta el 31 de diciembre de 2014, las últimas entregas contabilizadas no ya en la capital grancanaria, sino en la isla oriental, se remontan al año 2011 cuando el Ejecutivo formalizó el traspaso de 40 pisos protegidos en Moya.
Sorteos y adjudicaciones administrativas al margen, a partir de entonces y hasta el fin del mandato, el departamento que manejaba la nacionalista Inés Rojas se centró en entregar distintos grupos de viviendas oficiales protegidas en El Hierro, La Palma, Tenerife y Fuerteventura hasta sumar un total de 484 en cuatro años.
