MILES DE CANARIOS SIN PENSIÓN POR FALTA DE PERSONAL EN LA ADMINISTRACIÓN

Por A. RAMÍREZ / CANARIAS-SEMANAL.ORG.- Un total de 16.676 canarios que podrían tener derecho a recibir una Pensión No Contributiva (PNC) se encuentran actualmente en una especie de limbo administrativo.  Pendientes de recibir el dictamen de reconocimiento de su grado de discapacidad, necesario para poder acceder a la PNC, permanecen sin recibir ningún tipo de prestación.

Así lo reconoció el propio Gobierno de Canarias en respuesta parlamentaria a una  diputada del PP basada en el registro de datos del Equipo de Valoración y Orientación (EVO), servicio encargado de determinar el grado de discapacidad de los solicitantes.

 El problema -que comenzó hace más de una década- radica en la falta de personal del EVO en relación al elevado número de solicitudes que recibe cada año.  Canarias, por sus mayores índices de pobreza, paro y exclusión social, es la comunidad autónoma que más solicitudes recibe de estas pensiones no contributivas

 Sin embargo, hasta que se pasa el reconocimiento y el tribunal determina si se tiene un grado de minusvalía superior al 65%, no se puede solicitar la pensión por invalidez, por lo que se ha de esperar una media de 22 meses para, a partir de ahí, comenzar el trámite que tardará alrededor de otros nueves meses, hasta que el beneficiario comienza a cobrar.

 Y ello a pesar de que el Gobierno de Canarias no es el encargado de pagar estas pensiones, sino tan solo de tramitarlas para que las abone el Estado.

 La situación de los demandantes de una PNC es, en este sentido, similar a la de quienes en las Islas tienen derecho a acogerse a la llamada Ley de Dependencia.  Y es que, según el Observatorio de la Dependencia, promovido por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, Canarias es la única región de todo el Estado con más dependientes en espera que atendidos.

 "Dos de cada tres dependientes de las Islas en lista de espera morirán sin recibir atención" - alertaba en este sentido el director de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez en 2012.

 En relación a los demandantes de Pensión No Contributiva, la consejera de Políticas Sociales, Inés Rojas, manifestó en sede parlamentaria que “ha dictado una instrucción a la Dirección General de Servicios Sociales para que, de forma automática, quien la solicite por discapacidad vaya a la evaluación médica y ese certificado no solo le sirva para tramitar esa pensión sino también la dependencia”

 "Ya se está resolviendo y vamos a reducir en un 30% la espera"- aseguró Rojas.  Una promesa que, sin embargo, contrasta con las recurrentes denuncias efectuadas por los profesionales del sector en torno al progresivo deterioro de los Servicios Sociales en el Archipiélago.