martes, 8 de octubre de 2013

LAS TERESITAS ERA DEL AYUNTAMIENTO

Por Eugenio Fernández - Canarias-semanal.org
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   Un informe de la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, llegó a calificar el Caso de Las Teresitas como "un pelotazo urbanístico de libro". Y, realmente, no es para menos.  Un somero repaso a la información que hasta ahora se había conocido sobre este escándalo de corrupción bastaría, en efecto, para dar toda la razón a los técnicos de Hacienda.


110 MILLONES DE EUROS DE FONDOS PÚBLICOS A LOS BOLSILLOS DE IGNACIO GONZÁLEZ

  
 En 1998, el conocido empresario Ignacio Manuel González Martín adquirió un frente playero de 298.000 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife, por 33,1 millones de euros a través de una sociedad creada por su testaferro: Inversiones Las Teresitas (ILT). El pago lo realizó con un crédito  de 33,7 millones que se concedió a sí mismo desde Cajacanarias. Entidad en cuyo consejo de administración se encontraban el mismo y, entre otros, el entonces alcalde de la capital tinerfeña Miguel Zerolo, de Coalición Canaria.



    En 2001, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con Zerolo a la cabeza, le recompró a González un tercio del suelo por 52,7 millones. De esta manera, el empresario se embolsó 19,6 millones de euros - la friolera de 3.261 millones de ptas. - gracias al sobreprecio abonado, con el dinero de todos los ciudadanos, con respecto al que él había pagado por el total del frente playero tres años antes.



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    Para realizar esta operación, el alcalde ignoró los informes de los técnicos del consistorio, que otorgaban al suelo un precio tres veces inferior al que, graciosamente, decidió abonarle a Ignacio González.  Por si este fraudulento beneficio no hubiera sido suficiente, Zerolo también procedió a recalificar para uso residencial el suelo que aún pertenecía al empresario. De esta forma, éste se embolsó otros 90,3 millones de euros. Más de 15.000 millones de las antiguas pesetas. En total, el "pelotazo de libro" le costó a las arcas públicas del municipio 110 millones de euros.



EL AYUNTAMIENTO COMPRÓ UNOS TERRENOS QUE YA ERAN SUYOS.