Manuel Mederos 
/ Las Palmas de Gran Canaria/Canarias7Los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria pocas veces se preguntan qué pagan exactamente en el recibo del agua. Son muchos años de cultura «positiva» y «resignación» sobre el valor del agua, su escasez y la necesidad de cuidar su consumo. Lo tenemos grabado a fuego, pagamos lo que nos venga y encima nos machacamos la conciencia con el despilfarro si hay una subida. Esta es sin duda una de las claves del éxito que ampara el interés privado de una empresa pública rodeada de escándalos desde que se privatizó.
Al margen de ese turbio e innombrable asunto que trae de cabeza a más de uno en esta ciudad, basta echar un vistazo a lo «visible» para descifrar ese recibo. Emalsa paga 75.000 euros al mes de alquiler con un contrato que dura 35 años. Tampoco sale en la factura que quien lo cobra es un miembro del consejo de administración de Emalsa, Juan Miguel Sanjuán (Sacyr), y que tiene otra empresa (Valoriza) que presta servicios a la compañía de aguas por los que cobra religiosamente. No es el único. El otro socio privado de Emalsa (Saur) hace lo mismo con Sercanarias.
Los dos socios obtienen unos 900.000 euros de beneficios anuales de los que el tercer socio, nosotros los ciudadanos, no recibimos ni un euro; todo lo contrario, nos rascamos el bolsillo para pagar a estas empresas dos millones de euros anuales por «tasas de gestión». Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, pero la factura la pagamos todos, y si tienen problemas, también podemos pagar sus vacaciones en Barbados o en Islas Marianas.
