JOSÉ DAVID SANTOS | Santa Cruz de Tenerife
El Ayuntamiento Garafía fue noticia hace unos días por el retraso en el pago de las nóminas a sus empleados municipales, un hecho que ponía de manifiesto problemas financieros y, sobre todo, su falta de liquidez. Y es que el impago a los funcionarios es uno de los peores escenarios para una administración, puesto que supone la quiebra, al menos estética, de la entidad. Más allá de la cuestión económica del municipio palmero, la noticia derivó, a su vez, en un debate -cíclico en todos los niveles administrativos- sobre el adecuado número de empleados municipales de Garafía; un total de 77 para una población de unos 1.900 vecinos. Así, tocaría a un trabajador municipal por cada 27 habitantes. Si bien puede parecer un cifra llamativa, cuando se acude a datos estatales y autonómicos se descubre que, en España, existe un funcionario cada 17 habitantes, media que en Canarias se amplía y alcanza la cifra de un empleado público por cada 16 canarios.
Así, en el Archipiélago se estima que hay unos 130.000 trabajadores en las administraciones públicas para una población de 2,1 millones de isleños, de los cuales unos 26.600 pertenecen a la administración central, 61.000 a la comunidad autónoma, 39.100 a los ayuntamientos y cabildos y unos 3.400 al personal de las dos universidades canarias. Porcentualmente, esta división es similar a la del conjunto del Estado para un total de 2,7 millones de empleados públicos.
