En la mañana del pasado martes 1 de febrero los sindicatos más representativos del sector de la seguridad privada en las Islas denunciaban "los abusos constantes cometidos contra sus trabajadores" por la empresa Seguridad Integral Canaria S.A., propiedad del presidente de la U.D. Las Palmas Miguel Ángel Ramírez.
En una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede de Intersindical Canaria, portavoces de esta organización, CC.OO., UGTy USO expresaron su "más absoluta repulsa" ante los actos que esta empresa está realizando contra sus trabajadores a los que -afirman - "deja en total indefensión con despidos abusivos y alegaciones que no se sostienen".
Las cuatro centrales sindicales hicieron público que desde principios del mes de diciembre Seguridad Integral Canaria, alegando una "insostenible falta de liquidez", ha venido despidiendo a una cantidad masiva de trabajadores. "Muchos de estos despidos -según los datos suministrados por los portavoces sindicales -están sujetos actualmente a acciones y resoluciones judiciales, al entenderse que podrían ser improcedentes o nulos, ya que a la vez que se despide a unos empleados a otros les amplían los contratos".
Por otro lado - expusieron los sindicatos denunciantes - los trabajadores que no han sido despedidos y "han tenido la suerte de que les hayan ingresado su nómina a principios del mes de enero han observado una reducción en sus salarios, argumentada desde la dirección de la empresa como "una reducción del 8 % destinada a afrontar la situación de crisis y falta de liquidez que la empresa viene padeciendo".
Una excusa insostenible - afirman - cuando se constata que, al mismo tiempo que la dirección de la empresa realiza estas reducciones destina una importante partida económica a sufragar los gastos de los despidos masivos que está efectuando. "Es de suponer - aseguran - que con la reducción salarial que casi 2000 trabajadores sufrieron en sus nóminas de enero la empresa busca que sean ellos quienes financien sus propios despidos”.
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