J.S. Mujica
Las Palmas de Gran Canaria
Hasta cuatro meses de retraso llevan sin cobrar las empresas acreedoras del Gobierno. La demora responde al nuevo programa informático que gestiona la contabilidad. El caos es de tal magnitud que la dirección política del caso ha recaído en el interventor general, en detrimento del secretario general. El PSOE llevará la polémica al Parlamento.
Es una controversia de aguas profundas y turbulentas», explicaba ayer desde el anonimato un ingeniero con más de 20 años de experiencia en la Comunidad autónoma.
El cuerpo de informáticos lo agrupa un centenar de funcionarios dividido en dos bandos: el ala conservadora, partidaria de la continuidad del anterior programa (denominado Piccac) y el crítico, proclive al cambio que autorizó el Gobierno en 2008 y que entró en funcionamiento hace dos meses bajo el nombre de Sefcan.
Unos y otros debatieron sobre la idoneidad de las nuevas aplicaciones, analizando costes, eficacia y servicios. El tiempo le ha dado la razón en parte a los defensores del Piccac a la vista de los resultados. El grueso de los proveedores de la Comundiad lleva cuatro meses sin cobrar como consecuencia de los desajustes en las implantaciones del programa.
