B. Amezua Las Palmas de Gran Canaria
Los menores inmgrantes no acompañados «continúan almacenados» en Canarias, según el informe de Human Rights Watch de 2008. El acuerdo de readmisión con Marruecos es un «fracaso» mientras España falla en la protección de los derechos de estos niños en la Comunidad Autónoma.
Cientos de menores inmigrantes no acompañados «continúan almacenados en los centros de emergencia» de las Islas Canarias, tal y como recoge el informe de este año de Human Rights Wacht. A la saturación denunciada una vez más por esta ONG en el apartado dedicado a España, se agrega que estos menores están sujetos a «excesivas» medidas «restrictivas» contra la libertad de movimientos.
Las acusaciones descritas en el mencionado informe de situación añaden que existen carencias en el acceso a la educación pública al tiempo que se afirma que detectan «obstáculos» en la aplicación de la legislación para solicitar asilo además de casos «de abuso y negligencia del personal» de los centros de acogida de los menores inmigrantes no acompañados.
Una vez más las denuncias sobre el trato dado a los inmigrantes en la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso con los niños que son atendidos por el Gobierno de Canarias, vuelve a ocupar una parte específica del informe anual de esta organización dedicada a la protección de los derechos humanos alrededor del mundo. Pero además, Human Rights Wacht asegura en este documento que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura realizó una visita, el pasado mes de septiembre, a uno de los centros de acogida de estos niños. En relación al acuerdo de repatriación, firmado por Marruecos el pasado mes de marzo, esta ONG sostiene que «ha fracasado» en relación a la protección de los niños de daños potenciales y en la garantía de sus mejores intereses.
El Gobierno alauita aprobó el acuerdo de repatriación de menores no acompañados firmado con España como consecuencia del memorando de entendimiento firmado por ambos países en diciembre de 2003 y elevada posteriormente a rango de acuerdo durante la VIII Reunión de Alto Nivel (RAN) hispano-marroquí, que se clausuró en marzo de 2007 en Rabat.
Dicho acuerdo establecía que la parte española se responsabilizaba de la financiación de las acciones de protección y repatriación además de colaborar en las labores de prevención, principalmente, las que fomentaban el desarrollo socioeconómico de las regiones marroquíes con fuerte potencial migratorio.
Las dos partes se comprometían a facilitar la repatriación de los menores alauitas no compañados cumpliendo las leyes españolas en vigor y también los convenios internacionales en materia de protección de menores. Las autoridades españolas informarían a las marroquíes sobre la entrega ilegal al territorio de España en un plazo de un mes. Las autoridades del país vecino debían contestar en un plazo de tres meses con todos los datos sobre la identidad de los menores y de sus familias. La Administración española podía decidir entonces la devolución de los niños para su integración familiar o en centros sociales, que iban a ser preparados en colaboración entre los dos países. Una comisión de seguimiento de la aplicación de este convenio se debía reunir dos veces al año para evaluar la situación además de organizar otras reuniones extraordinarias.
En esta ocasión, este informe no recoge los supuestos malos tratos y vejaciones perpetrados contra estos niños en varios centros de las Islas denunciados en 2007 y archivados por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
EN ESTE MISMO INFORME SE HABLA DE LA UTILIZACIÓN DE CAMISAS DE FUERZA Y OTRAS MEDIDAS SIMILARES EN LA REPATRIACIÓN
