Manuel Mederos
Que casi el 60% del presupuesto de la Comunidad canaria esté destinado a educación y sanidad, y que en su inmensa mayoría se dedique a los sueldos de los profesores y de los profesionales de la medicina, constituye un lastre para una administración pública con escasos recursos. Pero es, además, un chantaje insostenible que los presupuestos aumenten en estos servicios año a año en función de los compromisos adquiridos por los sucesivos gobiernos en las sucesivas oleadas reivindicativas y para dar satisfacción a insaciables peticiones económicas y a otras de carácter político, que mejor no mencionar. Si este ritmo de insastifacción de profesores y sanitarios continua, y la administración sigue adquiriendo compromisos, quebrará el sistema educativo y sanitario en pocos años. No es de recibo que los presupuestos estén obligados a crecer un 15% anual para satisfacer el silencio político de sindicatos y colectivos de todo pelaje, que surgen, sospechosamente, en los periodos electorales.
A lo largo de estos años los sindicatos y organizaciones cañeras y de intereses de partido han demostrado que sus logros poco han repercutido en los usuarios y sí muy mucho en sus derechos y hasta en sus organizaciones. Ni la asistencia sanitaria ha mejorado sustancialmente ni la educación es la más eficaz. A pesar de las inversiones en materia de personal y de concesiones sindicales, Canarias sigue estando en las colas de todas las estadísticas estatales. Somos la región con peor servicio sanitario del país y seguimos siendo la región con mayor nivel de fracaso escolar y de abandono. Una gran parte de la responsabilidad de la mala calidad educativa y sanitaria que sufrimos los padres, alumnos y pacientes es de los profesores, de los sanitarios y de sus sindicatos; y no solo de los políticos de turno a los que, si algo hay que reclamarles, es mayor firmeza en la defensa de los intereses de los usuarios. Por responsabilidad pública, el Gobierno debe perder el miedo a las presiones organizadas por sindicatos y organizaciones con intereses políticos. Las facturas de esas algaradas y del mismo miedo del Gobierno son pagadas por los usuarios de estos servicios, alumnos y pacientes, y por los contribuyentes. Son a estos usuarios a los que debe responder el Gobierno, a ellos a los que debe fidelidad, gestión y hasta compromiso político.
