El director de la Guardia Civil lo puso en claro hace unos meses: “Los inmigrantes no son delincuentes, sino víctimas”. Pero si son víctimas, ¿por qué se los expulsa? Los inmigrantes, según la política oficial, son a un tiempo víctimas y delincuentes. Aún ponen más clara esta visión las imágenes de la televisión con la reiteración de escenas con la detención de inmigrantes harapientos en las playas, con la repetición de las trágicas penurias de los que llegan.El efecto de esta dicotomía es la ilegalización de una demanda legítima. Y al penalizar esta demanda se excita la creación de una oferta criminal: las conocidas mafias de la inmigración. Estas recogen un segmento nada despreciable del mercado del transporte que alcanza a nivel mundial los 100.000 millones de dólares, según los datos de las Naciones Unidas.
En España, según estimaciones propias, el tráfico ilegal de personas genera rentas entre los 40.000 y los 60.000 millones de pesetas. El segundo mercado, en nuestro país, más lucrativo del crimen organizado después de las drogas. Este mercado repite las pautas de todos los mercados ilegales: a medida que la acción represiva del Estado actúa sobre el lado de la demanda (la detención de inmigrantes indocumentados) se incentiva la organización de la oferta. Esta, que en sus orígenes es muy anárquica, encuentra incentivos a la organización de sus actividades, puesto que este refinamiento incrementa las posibilidades de éxito del servicio prestado y, por lo tanto, las posibilidades de la empresa (mafia) de continuar expandirse en el mercado. Pero el lucrativo mercado de la inmigración ilegal es un mercado derivado. Es decir, no existiría sin otro mercado anterior que le da origen. Este es el mercado de trabajo para inmigrantes ilegales que existe en los países desarrollados. Las expectativas de rentas futuras en este mercado son las que inducen el pago de los servicios de los traficantes de personas. Dado que este segundo mercado se encarga indirectamente de pagar el primero, más una plusvalía que mantenga las expectativas para nuevos viajes, es de suponer que este mercado primario, de trabajo, genera rentas muy superiores a los 100.000 millones de dólares.
Estos mercados no sólo incluyen actividades ilícitas o de legislación difusa, como la prostitución, o el trabajo por debajo de la regulación establecida (la explotación laboral), sino que se extienden hasta los ciudadanos bienpensantes y socialmente bien considerados, que imaginan que contratar una empleada de hogar sin papeles es una actividad inocua e incluso altruista. Benéfica, sin duda, pero más para el empleador.
Actuar contra este mercado, sin embargo, es políticamente más costoso que sobre los extranjeros que trafican con humanos o los que se dejan traficar. Implica actuar penalmente contra ciudadanos locales (en la visión del político: posibles votantes) que no sólo pueden perder una fuente de rentas notable, externalizando el trabajo doméstico por ejemplo, sino que podrían en última instancia acabar en el cárcel.
En definitiva, las mafias del tráfico de inmigrantes son el resultado de dos factores aparentemente inconexos. De un lado, la posibilidad de cubrir una demanda permanente de mano de obra a precios inferiores a los estipulados en un mercado de trabajo cerrado. No es que los españoles no estén dispuestos a trabajar en ciertos trabajos, es que no están dispuestos a hacerlo al precio que les ofrecen. Y no es que esta demanda no existiese anteriormente sino que, por primera vez en la historia reciente de España, ésta ha podido ser cubierta con una oferta de inmigrantes gracias a que el diferencial salarial entre lo ofrecido en estos mercados ilegales y lo pagado en los países de procedencia para trabajos de igual o superior cualificación, genera expectativas que cubren los riesgos asumidos con el viaje. Por estos, las periódicas regulaciones de ilegales, sin duda, tienen un efecto positivo sobre estas expectativas, incrementando así los incentivos al tráfico humano.
Por otro lado, la política del Gobierno de concentrar el peso represivo en las fronteras y no en el control de la contratación de inmigrantes ilegales dentro del país ha trasladado la organización del mercado ilegal (las mafias) desde el interior hacia los límites. A partir de esto se minimizan los costes políticos porque se afectan los mercados en los cuales no participan los nacionales. Aparentemente, negocio redondo para el país.
Santos Ruesga. Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid.
Carlos Resa. Consultor Internacional en asuntos de crimen organizado.
